Por Maximiliano Raúl Rima, Abogado
En octubre de 2009, el Reino Unido se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más acalorados y trascendentales entre la evidencia científica y la política de estado. La destitución del profesor David Nutt como presidente del Consejo Asesor sobre el Uso Indebido de Drogas (ACMD, por sus siglas en inglés) desató una tormenta de debates mediáticos y éticos sobre cómo los gobiernos deben clasificar la peligrosidad de las sustancias psicoactivas.
El conflicto comenzó cuando el neuropsicofarmacólogo David Nutt publicó un informe científico a través del Centre for Crime and Justice Studies, titulado “Estimating drug harms: a risky business?”, así como un controvertido estudio posterior publicado en la revista médica The Lancet. En dichos trabajos, Nutt propuso una escala de evaluación de daños basada en un Análisis Decisional Multicriterio (MCDA), considerando 16 parámetros divididos en los perjuicios que una sustancia causa al usuario individual y los que causa a la sociedad.
Una clasificación contra el sentido común político
La escala elaborada por Nutt posicionó al alcohol como la droga más dañina en términos generales, situándolo por encima de sustancias ilícitas de alta peligrosidad percibida como la heroína, el crack o la metanfetamina. El tabaco ocupó el noveno lugar. En contraste, drogas ilegales clasificadas como de alta severidad por la ley británica (Clase A), como el éxtasis o el LSD, resultaron estar entre las menos dañinas según el análisis del equipo de científicos. Asimismo, Nutt defended que el cannabis debía permanecer en la Clase C en lugar de volver a ser elevado a la Clase B, argumentando que el riesgo de psicosis provocado por el cannabis era estadísticamente menor al riesgo de cáncer atribuible al tabaco.
El enfoque científico desafío frontalmente la Ley sobre el Uso Indebido de Drogas de 1971 del Reino Unido y la narrativa gubernamental. Tras declarar públicamente que tomar éxtasis no era más peligroso que montar a caballo —una comparación que causó gran conmoción en la opinión pública —, el entonces Secretario del Interior, Alan Johnson, le solicitó la renuncia al cargo.
Las críticas de la prensa británica
La escala de daños del profesor Nutt provocó un intenso escrutinio por parte de los periódicos
británicos, los cuales abordaron el tema desde diversas perspectivas analíticas y metodológicas:
- La paradoja de la disponibilidad y el consumo (The Guardian): Diversos columnistas analíticos y críticos periodísticos en The Guardian señalaron un fallo lógico clave en los resultados de la escala. Al calificar al alcohol como la droga más peligrosa del país, Nutt basó gran parte del puntaje en el «daño social» y en el costo masivo para el sistema de salud, un factor fuertemente condicionado por la legalidad y alta accesibilidad de la sustancia. Medios críticos argumentaron que calificar al alcohol como más peligroso que la heroína bajo esa métrica era equivalente a decir que “tomar té es más peligroso que escalar el Monte Everest”, puesto que la prevalencia del consumo altera el impacto cuantitativo total aunque la sustancia sea intrínsecamente menos letal por dosis.
- Críticas desde el sensacionalismo y el conservadurismo (The Daily Mail y The Daily Telegraph): Los tabloides y periódicos de corte conservador arremetieron contra la postura de Nutt, acusándolo de enviar un «mensaje peligroso» a la juventud y de trivializar los riesgos de las drogas ilegales. The Daily Mail descalificó activamente los intentos de equiparar el alcohol con sustancias ilegalizadas, sosteniendo que la despenalización o la rebaja de categoría del cannabis y el éxtasis ignoraba los estragos psiquiátricos, la adicción severa y la delincuencia asociada al tráfico de drogas en las comunidades vulnerables.
- El sesgo de la escala y la omisión de beneficios (Analistas de prensa y debates de opinión): Otras publicaciones cuestionaron si la metodología empleada por el equipo de Nutt caía en un reduccionismo arbitrario al asignar ponderaciones subjetivas a los 16 parámetros de daño. Asimismo, se criticó que la escala medía únicamente los factores perjudiciales sin balancearlos con las razones socio-recreativas o medicinales del consumo, lo que generaba un modelo técnico pero distante de la realidad social y moral que los legisladores deben gestionar.
Conclusión
El caso de David Nutt dejó al descubierto la profunda brecha entre el pragmatismo político y el rigor académico. Mientras Nutt argumentaba que alterar la clasificación científica con fines disciplinarios o «mensajes morales» destruía la credibilidad de la educación sobre drogas, el gobierno británico sostuvo que las leyes de clasificación responden a responsabilidades de salud pública, prevención penal y percepciones sociales que van más allá del laboratorio.
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