Con más de 25 años de trayectoria como jueza de Familia, Alicia Taliercio dedicó su carrera a la protección de los sectores más vulnerables. Docente universitaria, conferencista y autora del reciente libro Grupos Vulnerables y Acceso a la Justicia: Adultos Mayores, sostiene que el principal avance del derecho de familia no fue únicamente legislativo, sino el cambio de mirada hacia quienes históricamente permanecieron invisibilizados.
En diálogo con Voces de la Comuna 15, reflexiona sobre la evolución del derecho de familia, el acceso a la justicia de las personas mayores, el maltrato y el edadismo, y plantea la necesidad de construir un sistema judicial más humano, accesible y comprometido con la dignidad de las personas
–¿Cuál considera que fue el cambio más importante que experimentó el derecho de familia en la Argentina?
-“ Después de 25 años como juez de familia, si tuviera que señalar cuales han sido los mayores adelantos, no comenzaría hablando de las reformas legislativas ni de cambios procesales, que fueron muchos. Sin desconocer su importancia, considero que el verdadero progreso ha sido otro: aprender a reconocer y visibilizar a quienes durante mucho tiempo permanecieron ocultos detrás de los expedientes.
La niñez dejó de ser considerada un mero objeto de protección para ser reconocida como sujeto de derechos, con voz propia y con derecho a ser escuchada.
Las mujeres comenzaron a ser comprendidas en la complejidad de las violencias que atraviesan, dejando atrás miradas que durante años naturalizaron la desigualdad y la cosificación.
Los adultos mayores empezaron a ocupar un lugar que durante demasiado tiempo les fue negado, comprendiendo que la invisibilidad también constituye una forma de violencia.
Este cambio de paradigma significó comprender que la vulnerabilidad no reside únicamente en las personas, sino también en las barreras que la sociedad y las instituciones levantan a su alrededor.
Cuando esas barreras se derriban, las personas recuperan dignidad, autonomía y la posibilidad real de ejercer derechos.”
–Desde su experiencia en los tribunales, ¿qué situaciones familiares son hoy las que más preocupan y requieren una respuesta más rápida de la Justicia?
-“Después de tantos años en la justicia de familia, las situaciones que más me preocupan a futuro no son únicamente los conflictos familiares, porque estos existieron siempre, lo que verdaderamente me inquieta es la falta de interés o de compromiso de quienes tienen el deber de intervenir cuando una persona vulnerable necesita ayuda.
Me preocupa el niño que expresa su sufrimiento de múltiples maneras y no encuentra un adulto que lo escuche.
La mujer que pide auxilio reiteradamente y que recibe respuestas tardías o fragmentadas.
El adulto mayor cuya soledad, abandono o maltrato se vuelve parte de un paisaje cotidiano sin despertar reacción.
He observado que, en muchas oportunidades, el daño no se produce solamente por la conducta del agresor, sino también por la indiferencia de quienes pudieron actuar y no lo hicieron. Comprendí que el problema no era solo la existencia de normas, sino la distancia que muchas veces separan los derechos reconocidos en los textos legales de su efectiva realización”.
–Usted acaba de publicar un libro sobre el acceso a la justicia de las personas mayores. ¿Qué la motivó a escribir sobre esta temática y cuál cree que es el principal desafío pendiente?
-“Mi libro Grupos Vulnerables y Acceso a la Justicia: Adultos Mayores surge del convencimiento de que el acceso a la justicia no puede ser un concepto abstracto. Debe traducirse en respuestas concretas, oportunas y humanas.
Cuando esa persona vulnerable acude al sistema judicial, no busca únicamente una resolución, sino también ser escuchada, comprendida y protegida.
Escribir esa obra fue también una forma de dar voz a quienes, por distintas razones no pudieron hacer oír la suya. Quise reflejar que la desprotección no siempre proviene de una acción violenta sino, en numerosas ocasiones nace de la indiferencia, de la omisión, de la burocracia o de la falta de compromiso de quienes deben actuar.
Una de las cuestiones centrales que desarrollo en el libro mencionado, es la absoluta necesidad de mejorar el acceso a la justicia de las personas mayores.
Ello no depende tanto de crear nuevos derechos, sino de hacer efectivos los que ya existen.
Considero necesario un cambio de mirada. El sistema de justicia debe brindar respuestas más rápidas, accesibles y comprensibles, evitando que el paso del tiempo se convierta en un obstáculo para la tutela judicial efectiva.
El mejor acceso a la justicia se alcanza cuando una persona mayor deja de sentirse invisible y encuentra un sistema que la escucha, la respeta y actúa oportunamente para proteger sus derechos.
Ese es el cambio que propongo y que atraviesa toda mi obra”.
–En los últimos años comenzó a hablarse mucho más del maltrato hacia las personas mayores. ¿Cree que la sociedad todavía naturaliza ciertas formas de violencia o discriminación por edad?
-“Lamentablemente, considero que la sociedad todavía naturaliza muchas formas de desprotección hacia las personas mayores. Existe un fenómeno cada vez mas estudiado, conocido como edadismo que consiste en los prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias basadas exclusivamente en la edad.
El edadismo no siempre se manifiesta de manera abierta. Con frecuencia aparece en pequeñas actitudes cotidianas: cuando se supone que una persona mayor ya no puede decidir por sí misma, cuando se minimizan sus opiniones, cuando se la excluye de los espacios de participación o cuando su soledad y sus necesidades dejan de llamar la atención.
Esa naturalización resulta especialmente peligrosa porque convierte la vulneración de derechos en algo aparentemente normal”.
–La Ciudad de Buenos Aires realizó recientemente la primera capacitación obligatoria para funcionarios sobre prevención y abordaje del maltrato hacia las personas mayores. ¿Qué importancia tienen este tipo de iniciativas y qué impacto pueden generar si se sostienen en el tiempo?
-“En distintos lugares de nuestro país se están realizando capacitaciones obligatorias. Toda capacitación es bienvenida si tiene como finalidad mejorar la respuesta del sistema judicial y convertir los derechos en una realidad efectiva para las personas mayores.
Capacitar no debe ser un acto meramente formal ni en un cumplimiento de un requisito administrativo. Debe traducirse en una mayor sensibilidad, mejores herramientas de intervención y decisiones oportunas.
Dicho esto, entiendo que nuestro País no necesita más normas que recuerden lo que ya está claramente establecido. Tanto los tratados internacionales como la legislación nacional consagran los derechos de las personas mayores y las obligaciones de quienes deben garantizarlos.
El verdadero desafío no es la ausencia de un marco jurídico, sino su cumplimiento efectivo.
Si la capacitación contribuye a que los jueces, funcionarios y operadores judiciales comprendan mejor las particularidades del envejecimiento, entonces resulta valiosa. Pero si se limita a reiterar principios que ya conocemos o deberíamos conocer, sin modificar las prácticas cotidianas, su impacto será escaso”.
–Muchas veces el maltrato hacia las personas mayores no es físico, sino psicológico, económico o incluso por abandono. ¿Cómo puede una familia detectar esas señales antes de que sea demasiado tarde?
-“Sabemos que el maltrato hacia las personas mayores puede manifestarse de muchas formas: físico, psicológico, económico, institucional y también a través del abandono o la negligencia.
No siempre deja marcas visibles. Muchas veces se presenta en el silencio, el aislamiento, la perdida de autonomía.
La familia puede desempeñar un papel fundamental en su detección cuando mantiene un vínculo cercano. Sin embargo, también debemos reconocer una realidad incómoda: En numerosos casos es la propia familia la que ejerce el maltrato o el abandono.
La experiencia judicial demuestra que muchas situaciones de violencia contra adultos mayores ocurren precisamente dentro del ámbito familiar, donde deberían sentirse más protegidos. Por eso no puede depositarse toda la responsabilidad de la detección solo en la familia.
La prevención y la detección requieren una red más amplia, integrada por vecinos, profesionales de la salud, trabajadores sociales, entidades administrativas y el poder judicial. Todos tienen el deber de advertir señales de alerta oportunamente”.
Como docente universitaria, ¿qué valores o herramientas cree que deberían incorporarse con mayor fuerza en la formación de los futuros abogados y operadores judiciales?
-“Después de muchos años como jueza y docente universitaria, estoy convencida de que el mejor abogado no es quien conoce más artículos o cita más jurisprudencia, sino quien no pierde de vista que el derecho tiene sentido cuando está al servicio de las personas.
Si logramos trasmitir esa convicción a las nuevas generaciones habremos formado no solo mejores abogados, sino también mejores servidores de la justicia y de la sociedad”.
-El acceso a la justicia suele ser complejo para los sectores más vulnerables. ¿Qué cambios considera necesarios para que las personas mayores puedan ejercer sus derechos de manera más sencilla y efectiva?
-“Considero necesario un cambio de mirada. El sistema de justicia debe brindar respuestas más rápidas, accesibles y comprensibles, evitando que el paso del tiempo se convierta en un obstáculo para la tutela judicial efectiva.
El mejor acceso a la justicia se alcanza cuando una persona mayor deja de sentirse invisible y encuentra un sistema que la escucha, la respeta y actúa oportunamente para proteger sus derechos.
Ese es el cambio que propongo y que atraviesa toda mi obra”.
–A lo largo de su carrera fue jueza, docente, conferencista y ahora escritora. ¿Qué le dejó cada uno de esos roles y cuál siente que hoy le permite generar un mayor impacto en la sociedad?
-“Cada uno de los roles que me ha tocado desempeñar en la vida me enriqueció de una manera diferente, pero todos tuvieron un mismo propósito: trabajar por una justicia más humana.
Como jueza aprendí que detrás de cada expediente hay una historia de vida y que las decisiones judiciales trascienden el papel porque impactan en la vida de las personas.
Ese ejercicio me enseño la prudencia, la responsabilidad y el valor de escuchar antes de decidir.
Como docente, descubrí que el conocimiento solo cobra verdadero sentido cuando se comparte. Formar a las nuevas generaciones de abogados implica trasmitir no solo conocimientos jurídicos, sino también valores como la ética, la sensibilidad y el compromiso con los derechos humanos.
Como conferencista tuve la oportunidad de dialogar con profesionales de distintas disciplinas y comprender que la protección de las personas vulnerables requiere una mirada interdisciplinaria.
Cada intercambio confirmó que el derecho se fortalece cuando escucha otras perspectivas y cuando genera espacios de reflexión. Como escritora, encontré la posibilidad de dejar un humilde legado. Los libros permiten que las experiencias acumuladas durante años de vida y de ejercicio profesional trasciendan el tiempo y quizás sirvan para generar conciencia, promover cambios y contribuir a una justicia más accesible y comprometida con la dignidad humana.
Si tuviera que resumir lo que me dejó cada uno de esos caminos, diría que me enseñaron que el derecho, al que amo, solo encuentra su verdadero sentido cuando está al servicio de las personas.
Ese ha sido el hilo conductor de mi vida profesional y también el mayor aprendizaje que me llevo después de tantos años de ejercicio, estudio y docencia”.
–Si tuviera la oportunidad de dejarle un mensaje a las nuevas generaciones sobre el valor de la familia, la protección de las personas vulnerables y el rol de la Justicia, ¿cuál sería?
-“A las nuevas generaciones les diría que nunca pierdan la capacidad de conmoverse frente al sufrimiento ajeno. El conocimiento jurídico es indispensable, pero no alcanza si no está acompañado por sensibilidad, ética y compromiso”.
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