Por Agustín Cácere
La causa que mantiene condenado a prisión perpetua al ex policía bonaerense José Antonio Cácere se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la interposición de recursos extraordinarios y la reciente presentación de dos amicus curiae que solicitan una revisión integral del expediente. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de La Plata, integrado por los jueces Hernán de Castelli e Inés Sanucci, con el voto en disidencia de la jueza Silvia Hoerr. El fallo no fue unánime, un dato relevante tratándose de una condena a pena máxima. Uno de los ejes centrales del debate gira en torno a la prueba médica. La autopsia oficial fue realizada con cuerpo presente por los peritos de la Asesoría Pericial Oficial, Juan José Granillo Fernández y Andrés Sánchez, quienes concluyeron que la muerte fue de causa natural y sin signos de violencia. Sin embargo, la condena se sostuvo principalmente en una pericia de parte posterior elaborada por el Dr. Omar Alejandro Ledesma, realizada sin cuerpo presente y basada en el análisis de una fotografía, proponiendo una hipótesis distinta sobre la mecánica del fallecimiento. La defensa, a cargo del Dr. Fabián Amendola, sostiene que la sentencia no habría fundamentado de manera suficiente por qué se otorgó mayor valor convictivo a una reconstrucción indirecta por sobre la autopsia oficial directa, ni cómo se superó el estándar de duda razonable frente a conclusiones técnicas contrapuestas. En este contexto, se presentaron ante la Corte Suprema dos escritos como amicus curiae: uno por parte de Inocente Colectivo (provincia de Santa Fe) y otro por una Asociación de Derechos Humanos y Violencia de Género (provincia de Córdoba). Un amicus curiae es una presentación realizada por terceros ajenos al proceso que, por su experiencia o interés institucional, aportan argumentos jurídicos para que el tribunal analice aspectos relevantes del caso. Ambas organizaciones señalaron presuntas irregularidades en la valoración de la prueba pericial y testimonial, y advirtieron que el expediente plantea un debate institucional más amplio: el estándar probatorio exigible en condenas de prisión perpetua y la necesidad de fundamentación reforzada cuando existen pruebas técnicas contradictorias. Actualmente, la decisión está en manos del máximo tribunal. La familia de José Antonio Cácere sostiene que no busca impunidad, sino que se revise la causa completa antes de que quede firme una condena irreversible.
