El juez Leonardo Fuchi no reconoci\u00f3 la ley 6.289, aprobada en 2019 por la Legislatura. Fue a ra\u00edz de un amparo presentado por la diputada nacional Gabriela Cerruti y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes piden que en el predio se haga un gran parque. Fuente: T\u00e9lam<\/p>\n\n\n\n
El juez en lo Contencioso Administrativo y\nTributario 16 de la Ciudad, Leonardo Furchi, declar\u00f3 la inconstitucionalidad de\nla ley que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero, donde el Gobierno\nporte\u00f1o busca construir un conglomerado de edificios, proyecto que es resistido\npor organizaciones sociales y pol\u00edticas que pugnan por un espacio verde y\np\u00fablico ribere\u00f1o. En rigor, los diputados aprobaron en la\nLegislatura porte\u00f1a, con votos del bloque oficialista Vamos Juntos y del aliado\nde la UCR, en diciembre del 2019 la ley por la cual se habilit\u00f3 a la administraci\u00f3n porte\u00f1a a desprenderse\nde los terrenos de la Costanera <\/strong>donde funcionaron los complejos de Costa Salguero\ny Punta Carrasco. En la resoluci\u00f3n, el juez consider\u00f3\n“razonable concluir que la ley que aqu\u00ed se cuestiona debi\u00f3 haber sido\nprecedida por el tratamiento legislativo diferenciado establecido en la\nConstituci\u00f3n local en tanto el inmueble objeto de la litis se trata de un bien\nde dominio p\u00fablico cuya desafectaci\u00f3n requer\u00eda de la realizaci\u00f3n de la\naudiencia p\u00fablica (art. 63) y del procedimiento de doble lectura (arts. 89 y\n90)”. Caracteres: 4.474<\/p>\n\n\n\n Fuente y Foto: T\u00e9lam<\/p>\n
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\nLa resoluci\u00f3n del magistrado hizo lugar al amparo presentado\npor la diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti y la asociaci\u00f3n\ncivil Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)<\/strong> contra el Gobierno porte\u00f1o.
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\nEn el fallo, Furchi declar\u00f3 “la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 por ser\ncontraria a los art\u00edculos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constituci\u00f3n de la\nCiudad”<\/strong> e impuso “las costas a la demandada\nvencida, por no encontrar motivos para apartarse del principio objetivo de la\nderrota”.
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\nPuntualmente, el art\u00edculo 63 fija el proceso para\nla convocatoria de las audiencias p\u00fablicas por parte del Estado porte\u00f1o que\nse\u00f1ala que el llamado “es obligatorio antes del tratamiento legislativo de\nproyectos de normas de edificaci\u00f3n, planeamiento urbano, emplazamientos\nindustriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes\np\u00fablicos”.
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\nEl 89 y 90, en tanto, establecen los mecanismos\nlegislativos que deben ejecutarse para el tratamiento de las leyes denominadas\n“de doble lectura”, entre las que se incluye a las iniciativas del\nEjecutivo que contemplen la “desafectaci\u00f3n de los inmuebles del dominio\np\u00fablico”, como es, justamente, el caso de Costa Salguero.<\/p>\n\n\n\n
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\nPuntualmente, la norma permiti\u00f3 “la\ndisposici\u00f3n por parte del Poder Ejecutivo del inmueble”, dio lugar a un\n“concurso p\u00fablico” para el desarrollo de un proyecto urban\u00edstico con\nedificios, oficinas y comercios en el predio y determin\u00f3 que los fondos\nobtenidos de la venta de los terrenos iban a ir al financiamiento de obras de\nsalud y educaci\u00f3n.
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\nSin embargo, en enero del 2020 la diputada Cerruti y los representantes del ODC, <\/strong>entre ellos Jonatan Baldiviezo, presentaron un recurso ante\nla C\u00e1mara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porte\u00f1a\npara frenar la venta del predio.
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\nEn la medida, los amparistas manifestaron que, al\ntratarse de terrenos de dominio p\u00fablico, la propuesta del Ejecutivo para la\nventa del lugar deb\u00eda ajustarse a los procesos previstos en la Constituci\u00f3n\nporte\u00f1a, entre ellos, la realizaci\u00f3n de una audiencia p\u00fablica, lo que el\nEjecutivo no cumpli\u00f3 ya que no convoc\u00f3 a la instancia de participaci\u00f3n\nciudadana.
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\nSe\u00f1alaron tambi\u00e9n que “la conducta del\nGobierno de la Ciudad lesiona el derecho de todo habitante de la ciudad a\nparticipar en la elaboraci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas y en la discusi\u00f3n de\nproyectos de ley”, por lo cual solicitaron la inconstitucionalidad de la\nnorma, lo que, finalmente, la justicia porte\u00f1a hizo lugar.<\/p>\n\n\n\n
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\n“La autorizaci\u00f3n para disponer otorgada por\nla Ley 6.289 no ha cumplido con el tr\u00e1mite legislativo propio de la\ndesafectaci\u00f3n de los bienes de dominio p\u00fablico, no cabe m\u00e1s que declarar la\ninconstitucionalidad de la norma de que se trata”, sentenci\u00f3.
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\nDe esta manera, la venta del predio de Costa\nSalguero qued\u00f3 suspendida y se estima que la medida incidir\u00e1 en la ley que a\u00fan\nest\u00e1 en debate en la Legislatura que, a su vez, modifica las normas\nurban\u00edsticas del pol\u00edgono costero para habilitar el proyecto para la\nconstrucci\u00f3n de edificios en el lugar, lo que es resistido por organizaciones\nsociales y pol\u00edticas que plantean que all\u00ed haya un espacio verde y p\u00fablico.
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\nLos terrenos en cuesti\u00f3n fueron concesionados en\nla d\u00e9cada del 90 a la empresa Telemetrix, que hace pocas semanas recibi\u00f3 una\nextensi\u00f3n del contrato de explotaci\u00f3n hasta mediados de a\u00f1o por parte del\nGobierno de la Ciudad.<\/p>\n\n\n\n