El Ejecutivo lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias. El esquema prevé acceso abierto y la posibilidad de que los privados accedan al RIGI
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su programa de privatizaciones con el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente administradas por Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL).
La convocatoria, realizada a través del Ministerio de Economía, contempla un esquema de acceso abierto a las vías, bajo el cual distintos operadores podrán participar en condiciones objetivas y no discriminatorias. Además, los concesionarios deberán cumplir con planes de inversión y podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en aquellos proyectos destinados a infraestructura ferroviaria.
Según informó el Gobierno, la privatización abarca 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con una red que conecta zonas productivas con los principales puertos del país y con pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Desde Economía justificaron la decisión a partir del deterioro que, según el Ejecutivo, acumuló la infraestructura ferroviaria durante las últimas décadas. En ese sentido, señalaron que la producción agropecuaria se multiplicó por seis desde 1970, pero el Belgrano Cargas actualmente transporta menos carga que en aquel momento.
El Gobierno sostiene que ese contraste demuestra que el principal problema no está en la demanda sino en la administración del sistema. En palabras del comunicado oficial, “el problema no fue la falta de demanda, sino un modelo de administración que no logró acompañar el crecimiento productivo del país”.
Qué contempla la concesión de Belgrano Cargas
El nuevo esquema establece que el sector privado deberá aportar capital, capacidad de gestión y asumir el riesgo empresario asociado con la recuperación y expansión de la red. El Estado, en tanto, conservará las tareas de regulación, fiscalización y control.
Uno de los puntos centrales de la licitación será la ejecución de Obras Obligatorias durante los primeros cinco años de cada concesión. También podrán presentarse obras optativas por parte de los oferentes, que serán consideradas dentro del proceso de adjudicación.
El plazo de 50 años fue planteado por el Ejecutivo como una herramienta para facilitar inversiones de gran escala, debido a los extensos períodos necesarios para recuperar ese tipo de desembolsos. El objetivo oficial es que el concesionario tenga incentivos para mantener y renovar la infraestructura durante toda la vigencia del contrato.
Entre los trabajos contemplados aparecen:
- La eliminación de un cuello de botella ferroviario en Santa Fe.
- Recuperación del ramal azucarero del Belgrano.
- Rehabilitación del corredor principal del San Martín.
- Recuperación del ramal troncal de la línea Urquiza.
También podrán venderse locomotoras y vagones
La licitación incluye además la posibilidad de que los futuros concesionarios adquieran el material rodante correspondiente a cada línea. Los fondos obtenidos mediante la venta y el remate de locomotoras y vagones serán destinados a un fideicomiso específico.
De acuerdo con el Gobierno, esos recursos permitirán financiar parcialmente las obras obligatorias y harán que parte de los activos actualmente existentes en el sistema contribuya a costear su propia recuperación.
La cartera económica también cuestionó el estado con el que, según sus informes técnicos, BCyL llegó al inicio de la actual gestión. “Los informes técnicos señalaron significativas pérdidas económicas de la empresa, sumado a un deterioro importante de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos, falta de mantenimiento cíclico y un incumplimiento de entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado del parque tractivo durante 2023″, sostiene el comunicado del Ministerio de Economía.
Con el llamado a licitación, el Ejecutivo busca avanzar con el proceso de transformación del sistema ferroviario de cargas contemplado en el programa de privatizaciones de la Ley Bases.
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