El Gobierno de la Ciudad, SBASE y Emova impulsaron una causa penal contra trabajadores del subte por medidas gremiales realizadas en 2024 y 2025. La CATT y la AGTSyP rechazaron la acusación, alertaron sobre la “criminalización de la protesta” y ratificaron su respaldo a los imputados.
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El Gobierno de la Ciudad, SBASE y la concesionaria Emova impulsaron una denuncia penal contra 170 trabajadores y trabajadoras del Subte bajo la figura de asociación ilícita, una acusación que el gremio rechazó de plano por considerarla un intento de criminalizar la actividad sindical. La causa quedó a cargo de la fiscal Celsa Ramírez
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) volvió a expresar su respaldo político y gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), en el marco de una causa penal que, según denunciaron, constituye un nuevo intento de “criminalización de la protesta sindical” contra los llamados metrodelegados.
La organización que nuclea a los gremios del transporte convocó a acompañar a los metrodelegados a la conferencia de prensa que la AGTSyP realizó este miércoles en su sede de Carlos Calvo 2365, y que contó con la participación de varios gremios y centrales sindicales. Durante la misma brindaron detalles sobre la causa judicial y se anunciaron los pasos gremiales, legales e institucionales a seguir en defensa de los 171 trabajadores imputados por la justicia porteña.
Desde la CATT advirtieron que la denuncia impulsada contra integrantes del sindicato del subte representa “un grave antecedente en materia de persecución sindical”, al buscar judicializar medidas de fuerza y acciones gremiales desarrolladas durante 2024 y 2025. Dichas acciones, recordaron, fueron convocadas tanto por la AGTSyP como por la propia Confederación en el marco de reclamos laborales y de condiciones de trabajo en el servicio de subterráneos y Premetro.
En ese sentido, la central sindical ratificó “su compromiso de acompañar cada uno de los reclamos de nuestra organización afiliada y defender, junto al conjunto del movimiento obrero, la libertad sindical, el derecho de huelga y los derechos constitucionales de los trabajadores y trabajadoras”. Para la CATT, someter a dirigentes y delegados a procesos penales por su actividad gremial genera un clima de intimidación que impacta sobre todo el movimiento obrero organizado.
Detalles de la causa y preocupación gremial
Según trascendió, los metrodelegados tomaron conocimiento el mes pasado de la existencia de una causa penal iniciada por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), empresa controlada por el Gobierno de la Ciudad. El expediente tramita ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N.º 35 y comprende imputaciones por el delito de “asociación ilícita” contra trabajadores y trabajadoras del subte.
Desde la AGTSyP y la CATT consideran que la imputación por asociación ilícita –una figura habitualmente ligada al crimen organizado– busca estigmatizar la organización gremial y desalentar nuevas medidas de fuerza. En ese marco, remarcan que las protestas se desarrollaron dentro de los marcos legales, con avisos previos y en defensa de derechos básicos como salarios, condiciones de higiene y seguridad, y reducción de la jornada en sectores con alta exposición a riesgos.
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